María Antonia Trujillo ha resumido en cuatro los objetivos básicos de la Ley del Suelo, en Cáceres, durante las jornadas nacionales "La gestión de suelo: vivienda y desarrollo sostenible"
* Asentar las políticas urbanas sobre los principios de un desarrollo territorial y urbano sostenible.
* Asegurar una mayor oferta de suelo urbanizado para la construcción de viviendas acogidas a un régimen de protección pública que las haga asequibles.
* Incrementar la eficiencia de los mercados de suelo desincentivando la especulación
* Aumentar la transparencia de los procesos urbanos por medio de los controles públicos y de la participación efectiva de los ciudadanos en la toma de las decisiones que afectan a su ciudad.
La Ministra de Vivienda ha anunciado además que en el marco de la próxima reunión de Ministros europeos de Vivienda y Urbanismo, los Ministros acordarán unánimemente evitar la expansión descontrolada de las ciudades y promover un buen planeamiento espacial. "Con ello, la Unión Europea reconoce expresamente una fuerte voluntad de control de la oferta de suelo y de especulaciones".
María Antonia Trujillo ha finalizado su intervención de inauguración de estas jornadas nacionales organizadas por UGT insistiendo en cómo deben crecer las ciudades considerando los efectos negativos de la dispersión urbana sobre la economía, la productividad o el medio ambiente.
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El presidente de la patronal de grandes constructoras del sector público Seopan, Enrique Aldama, afirmó ayer que el anteproyecto de ley de contratos públicos, actualmente en fase de comisión en el Congreso, debería simplificar la regulación de los contratos de colaboración público-privada para poder ‘incrementar su eficacia’.
En su comparecencia en la Comisión de Administraciones Públicas de la Cámara Baja, Aldama aseguró que el actual anteproyecto regula estos contratos de forma ‘muy confusa’, y aseguró que esta complejidad disuadirá a las administraciones a la hora de recurrir a este tipo de contratos.
Asimismo, hizo un llamamiento a ‘avanzar’ en este terreno, ya que, en su opinión, estos contratos ya están dando ‘los mejores resultados en otros países’, y, en este sentido, recordó que entregará al Gobierno una propuesta de financiación de las infraestructuras de carreteras y ferrocarril que prevé la combinación del peaje directo (el que paga el usuario) y el denominado peaje en sombra (el que abona la Administración a la empresa concesionaria en función del volumen de trafico).
Por otro lado, el presidente de Seopan precisó, tras apuntar que el anteproyecto a debatir no supone una mera trasposición de la directiva europea sobre contratos públicos, sino una reforma ‘sustancial’ de la estructura de la ley vigente, que su aplicación requiere ‘cuidado’ y ‘cautela’, así como coordinación entre los diferentes niveles de la administración.
Así, Aldama pidió especial ‘cuidado’ a la hora de aplicación los supuestos para determinar a las empresas la prohibición de contratar, y abogó por no sejar estas decisiones en manos de los órganos de contratación al objeto de garantizar la objetividad en el proceso.
Asimismo, el presidente de Seopan criticó que el anteproyecto pueda dejar fuera de algunos contratos la revisión de los precios encaminados a reequilibrar los contratos. En su opinión, esta revisión ‘debería operar automáticamente en todos los contratos como un derecho del contratista’.
Por ello, Aldama consideró ‘injustificado’ cualquier cambio en este ámbito y, por el contrario, aludió a que el sistema vigente permite el equilibrio contractual, no es inflacionista y reparte equitativamente los costes entre el contratista y la Administración.
La regulación de la subcontratación en las obras fue otra de las aportaciones del anteproyecto que Aldama consideró injustificadas, a tenor de la regulación que, indicó, desarrolla al respecto la ley reguladora de la subcontratación en la construcción que entrará en vigor el próximo mes de abril.
En cuanto a las modalidades de contrato, Aldama abogó por extender el concurso restringido y ‘tener fe’ en la actuación de la Administraciones, ya que, en su opinión, es ‘imposible’ hacer un buen análisis técnico en los casos de concurso abierto cuando se presentan hasta 35 proyectos, lo que da lugar a que estos procedimientos acaben siendo como ‘subastas’.
En esta misma línea, defendió la publicación de las clasificaciones de los proyectos antes que la apertura de sobres económicos para incrementar el grado de transparencia en los procesos de licitación.
Por su parte, el presidente de la patronal de empresas de ingeniería Tecniberia/Asince, Francisco Cal, pidió que la contratación por proyecto y obra se lleve a cabo ‘por la vía de la excepcionalidad’, y no de forma, a su juicio, tan habitual.
Asimismo, pidió que el anteproyecto de la ley de contratos públicos se incremente la ponderación del análisis técnico de los proyectos en su valoración, de forma que el peso de los mismos sea del 80%, actualmente supone el 70%, mientras que la valoración económica alcance el 20%, un 30% en la actualidad.
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